Por qué España no es un pais laico (aunque debería)

A diferencia de lo que uno podría pensar inicialmente, España no es laica. Y basta con fijarse en los pequeños detalles que nos rodean para averiguarlo.

Según el artículo 16.3 de la Constitución Española, España es una nación aconfesional, que no laica. Este apartado afirma que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». En otras palabras -y a grandes rasgos-, si un partido político estableciese alguna actividad religiosa en su programa electoral podría llevarla a cabo. Por lo contrario, dicha acción sería considerada ilegal en un estado laico.

Habitualmente, este tipo de nación tiende a desvincularse de la Iglesia y neutralizar la religión. Sin embargo, esta ruptura nunca ha sido instigada en España. De hecho, la propia Constitución reconoce las «relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Todo parece bastante claro. Al no darse la condición de laicidad, pero sí la de   no-reconocimiento oficial de ninguna religión; y considerando pues aconfesionalidad y laicidad sinónimos a efectos prácticos, España es un país sin religión.

Pues resulta que no. La práctica dista mucho de la teoría en el estado español. Como lamentablemente cabe esperar, la presencia del catolicismo en los actos institucionales abunda, cosa que lo convierte en la religión del Estado. No podemos obviar la existencia de esta religión que, aunque no se quiera reconocer, forma parte de la vida de prácticamente todo ciudadano. Pues incluso quién se empeñe en hacer la vista gorda, tendrá que lidiar con su inevitable importancia estatal. He aquí su implicación en el día a día.

La materia de religión que se imparte en las escuelas públicas es un ejemplo. No debería ser cometido del estado adoctrinar en el catolicismo y mucho menos que este contase para nota. Y aunque debemos reconocer que existe la posibilidad de cursar ética en su lugar, no hay posibilidad de aprender otra religión. Otra vez, un claro favoritismo que demuestra que España no es laica.

Del mismo modo, el catolicismo se hace presente en actos institucionales, tanto de carácter civil como militar. Esto es, en una gran cantidad de tragedias nacionales, se asume la fe de las víctimas y se celebran funerales y memoriales católicos en honor a ellos. No habría ningún problema con esto siempre y que fuera con el consentimiento de los familiares y se diera la opción a ser recordado mediante otras religiones.

España tampoco es laica por lo que a la política se refiere. No son pocos los ministros que juran su cargo con la mano sobre la Biblia y no sobre la Constitución. Y que nunca falte el crucifijo sobre la mesa. En un país aconfesional y democrático, la norma debería ser prometer el cargo sin crucifijo, no al revés. El acto de preferir jurar sobre la Biblia también se podría interpretar como la superioridad de esta sobre la propia Constitución, cuya importancia debería ser fundamental en todo cargo público.

Otra cuestión delicada es la afición de los políticos por encomendarse a los santos católicos. Es obvio que están en pleno derecho tener sus propias creencias pero quizá expresar sus ideas en público no sea lo más acertado. Pero ¿donde están los límites de la libertad de expresión? Posiblemente, la invocación de las divinidades no sea legítima cuando se convierta en parte de la gestión pública. Por ello, son ministros del gobierno, no de la Iglesia.

La presencia de crucifijos y otros elementos sagrados en edificios públicos tampoco contribuye a la creación de una España laica. Especialmente en los juzgados, donde parece que denoten parcialidad. Es más, quienes no profesan ninguna fe podrían considerarse menospreciados y con su libertad sesgada.

También es una anomalía la «x» en la declaración de la renta para donar a la Iglesia.

Aunque esto no sea muy aconfesional, puesto que el estado debe reconocer su separación religiosa, no pasaría nada si también hubiera una recaudación para el resto de confesiones. Sin embargo, el catolicismo es el único que cuenta con dicho privilegio.

España tampoco será laica mientras las religiones estén exentas de pagar el IBI. Sin embargo, hay que romper una lanza a favor de la Iglesia Católica: judíos, protestantes y evangélicos también se benefician de esta cláusula. Así mismo, no hay que olvidar que estamos ante un estado aconfesional que establece la «cooperación» con las religiones de la ciudadanía.

En cuánto a los días festivos de carácter religioso, fueron reconocidos en el artículo 3 del acuerdo con la Santa Sede en 1979, poco después de la promulgación de la Constitución. En principio, esto es totalmente coherente con la carta magna española que señala que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Ahora bien ¿han tenido el mismo interés por cooperar con las otras confesiones? Acuerdos han habido, eso sí, su integración está mucho menos regularizada.

En último lugar, los indultos concedidos a los reos con motivo de Semana Santa son contraproducentes para una España que sueña con ser laica. Sobre todo, si son las mismas cofradías y hermandades a las que el gobierno les ha otorgado dicha potestad las que proponen a los penitentes. Y, aunque han de concurrir razones de justicia y equidad, no deja de de ser una medida de gracia que, conservada por tradición, vuelve a beneficiar a la fe católica.

En síntesis, no podemos permitirnos el lujo de mezclar las esferas como lo hicieron nuestros antepasados. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por ello, hemos de aceptar los malentendidos, masacres y errores que han tenido lugar al mezclar religión y política. No hay amparo a la tradición que sirva si queremos avanzar. No si tradición es antónimo de libertad, dignidad, feminismo o respeto.